Un contrato que debía ser temporal, se prolongó durante 10 años sin regularización alguna, dejando que la deuda acumulada por no abonar las correspondientes facturas subiera hasta la cantidad de 700.000 euros, a los que hay que sumar otros 500.000 euros en intereses de demora.
Así lo ha denunciado Joaquín Amann, portavoz del Grupo Municipal VOX Benalmádena quién critica la “falta de transparencia y la negativa” del Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Benalmádena a investigar las responsabilidades políticas y funcionales de la sentencia que condena al consistorio a pagar una multa de 1,2 millones de euros por la gestión irregular de un contrato de emergencia.
“Ahora, todo ese dinero lo tienen que pagar los vecinos de Benalmádena”, ha explicado Amann; “La dejación de funciones por parte de algunos funcionarios y políticos causó el impago de las facturas», ha denunciado el portavoz de VOX Benalmádena quién exige «la apertura de una investigación que el PP ha rechazado asegurando que no es necesario”.
“No es la primera vez que el Partido Popular elude esclarecer situaciones de gestión municipal cuestionables”, ha asegurado Amann. “En el caso de las últimas oposiciones a seis plazas de bombero, la justicia declaró parcialmente nulo el proceso al considerar que se había producido un desvío de poder y una vulneración del principio de igualdad de los opositores. A pesar de esta grave resolución judicial, el Gobierno municipal del PP evitó investigar lo ocurrido y depurar responsabilidades. Afortunadamente la justicia ha aceptado la apelación de última hora de los seis bomberos para no verse en la calle, al entender que son también víctimas de un proceso viciado y las irregularidades e ilegalidades del Ayuntamiento”, ha añadido.
El portavoz de VOX en Benalmádena ha advertido que los ciudadanos de Benalmádena no pueden seguir pagando de su bolsillo “la ineficacia y la falta de rigor del equipo de gobierno municipal” y ha tildado de “inaceptable” que el Partido Popular se niegue a depurar responsabilidades y a garantizar una gestión transparente de los fondos públicos.